Hoy se cumplen ya tres años del incendio que asoló cerca de 12.000
hectáreas en los Montes del Teleno. No es preciso volver a incidir
demasiado en las consecuencias que dicho incendio trajo consigo, pues
ya todos las conocemos: catástrofe medioambiental; desastre
económico por la pérdida de una esencial fuente de recursos que
afecta a todos los sectores de la zona (forestal, apícola,
micológico, ocio y tiempo libre, hostelería…); y, ligado a todo
lo anterior, un mazazo a nivel social al frenar en seco el
resurgimiento de un sector resinero que podía haber supuesto un
pilar fundamental en la fijación de población, especialmente la que
está en edad de trabajar y tener hijos. Niños y niñas que son, al
fin y al cabo, la única oportunidad real de futuro para estas zonas
rurales.
Desde esta Plataforma Ciudadana de Afectados por el Incendio de los
Montes del Teleno ya se opinó, en su día, sobre la gestión del
incendio y de las ayudas que se habilitaron a sabiendas de que nadie
podría cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.
De la misma forma, se expresó nuestro asombro
ante la absoluta falta de reacción por parte de los representantes
de las Juntas Vecinales propietarias de los montes, con las honrosas
excepciones de Nogarejas, Torneros de Jamuz y Pinilla de la Valdería;
de los Ayuntamientos y de la Diputación provincial. Representantes
que mayoritariamente pertenecían al mismo partido que gobernaba y
gobierna en la comunidad autónoma y el gobierno central, lo que
debería haber facilitado y agilizado trámites y gestiones. Sin
embargo, esta circunstancia tuvo el efecto contrario. No contentos
con no reclamar la declaración de zona catastrófica, no reclamar
indemnizaciones para los afectados o no apoyar las justas
reclamaciones que se hicieron a través de esta Plataforma; hicieron
todo lo posible por acallar las protestas en un ejercicio de
servilismo político en el que antepusieron los intereses de partido
a los de los habitantes de los pueblos afectados.
Finalmente, y gracias a la repercusión mediática, se decidió
aprobar un paquete de inversiones para paliar el daño producido por
el incendio. Inversiones que a nuestro entender supusieron un gasto
de dinero muy repentino y no demasiado planificado que no tuvo
demasiada repercusión en la economía local. El estado aportó 5
millones de euros para gastar en menos de un año, con el compromiso
por parte de la Junta de Castilla y León hiciera la misma
aportación, pero más escalonada. A día de hoy, más de dos años
después de la aprobación de las inversiones, no tenemos claro
cuánto dinero se ha gastado y en qué conceptos. Es por ello que
desde aquí instamos, principalmente a la Junta de Castilla y León,
a que informe detalladamente sobre estos asuntos a toda la opinión
pública, pero especialmente a las poblaciones afectadas.
Una vez finalizado este breve repaso de los acontecimientos, es
momento de hablar del futuro, de mirar hacia adelante y decir cómo
queremos que sea ese futuro. Desde la Plataforma apostamos por un
futuro con pueblos vivos en los que las personas tengan recursos para
ganarse la vida y servicios públicos que garanticen la calidad de la
misma. Desde nuestro punto de vista, y atendiendo a la idiosincrasia
de nuestro territorio, el futuro pasa por potenciar el desarrollo y
aprovechamiento de los recursos forestales.
A pesar de tener claro cuál es la solución nos
encontramos con un gran obstáculo en este camino. Ese obstáculo es
el hecho de que una gran parte de la superficie forestal se encuentra
muy alejada de ser aprovechable debido al incendio de hace tres años,
y serán necesarios muchos años para llegar a ese punto en el que
las masas arboladas puedan empezar a ser productivas desde el punto
de vista económico.
De todos modos sería bueno aprender de las experiencias pasadas para
seguir avanzando. Cualquiera que visite la zona que fue afectada por
el incendio de 1998 en Tabuyo del Monte, puede observar que unos
tratamientos selvícolas adecuados pueden acelerar la velocidad de
desarrollo de las masas arboladas a la par que reducen la carga de
combustible. Este hecho facilita las labores de extinción de
eventuales incendios futuros, ya que disminuye tanto la intensidad
como la capacidad de propagación de los mismos.
Aún contando con ese modelo, a nadie se le escapa que los citados
trabajos selvícolas cuestan dinero, y que con el ritmo de inversión
que actualmente habilita la Junta de Castilla y León para este tipo
de labores no se obtendrían los resultados deseados. Pero con una
inversión anual mayor y continuada durante los próximos veinte años
se podrían conseguir dos importantes objetivos: acelerar la
recuperación de las masas arboladas por un lado y crear empleo y
riqueza en la zona por el otro.
Como se puede observar no concretamos qué cantidad anual sería
necesaria para conseguir esos objetivos, y es que para dar una cifra
es necesario que la Junta de Castilla y León, como gestora de los
montes de Utilidad Pública, diseñe un Plan de Restauración como el
que se elaboró para la zona incendiada en 1998. En dicho Plan a
veinte años se debe determinar que trabajos es necesario realizar en
cada zona, lo que ya permite valorar económicamente los costes.
En cuanto a la financiación de los trabajos, desde la Plataforma
tenemos el convencimiento de que no es competencia exclusiva de la
Junta de Castilla y León, ya que los montes son propiedad de Juntas
Vecinales que, en algunos casos, tienen mucho dinero. Dinero que de
una manera u otra han obtenido de los propios montes. A este
respecto, opinamos que es de sentido común invertir parte de ese
dinero en mantener o mejorar un recurso a la vez que se genera
empleo, que “enterrar” el dinero en un banco mientras los pueblos
mueren poco a poco con cada anciano que nos deja y cada joven que
emigra en busca de un empleo.
